Senac y Ministerio de Justicia coordinan acciones para la Implementación del Mapa de Riesgo de Corrupción en el Sistema Penitenciario.

Publicado el: 27/08/2020 16:40

Técnicos de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y el Ministerio de Justicia, iniciaron un ciclo de reuniones de trabajo con miras a la implementación del Mapa de Riesgo de Corrupción en el contexto del sistema penitenciario.

 

En base a las conversaciones mantenidas entre el Ministro Secretario Ejecutivo de la SENAC, Abg. René Fernández Bobadilla y el Viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Abg. Rubén Maciel Guerreño, sobre la necesidad de trabajar en forma coordinada en la implementación de acciones de integridad pública en el sistema penitenciario, surgió la propuesta de incorporar mecanismos de prevención de la corrupción con abordaje de enfoque de riesgo.

 

Ante tal circunstancia, se decidió coordinar las acciones necesarias para la implementación de la guía de gestión de riesgos de corrupción pública de la SENAC, que servirá de herramienta para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción del sistema penitenciario. 

 

En este contexto es importante mencionar que los Mapas de Riesgos de Corrupción son matrices que se construyen en un proceso grupal y que tienen por objeto detectar, en relación a los riesgos de corrupción en una Institución, sus causas, sus consecuencias, sus niveles de probabilidad y sus impactos estimados. A la vez, se verifican cuáles son los controles existentes para evitar y/o moderar su ocurrencia. Es el instrumento más importante en el marco de lo que se denomina “gestión de riesgos de corrupción”. Su principal propósito es PREVENIR la ocurrencia de hechos asociados a conductas calificables como corruptas.

 

Para dar curso a dichas acciones, el equipo técnico de la SENAC, encabezado por el Director General de Prevención, Transparencia y Anticorrupción, Abg. Julio Noguera, y la Directora de Transparencia, Abg. Emilce Gaona, fueron los responsables de dar a conocer la Metodología a ser utilizada y las etapas a ser desarrolladas a efectos de su correcta elaboración, redacción y validación. 

 

Al respecto, en coordinación con el equipo del Ministerio de Justicia, liderado por el propio Viceministro, Abg. Ruben Maciel Guerreño, trabajó en avanzar en la elaboración de un plan de acción y el cronograma de actividades, con la indicación de los tiempos necesarios para la sistematización y análisis de los datos recolectados.

 

A la fecha, ya se ha avanzado en la identificación del ámbito de aplicación del diagnóstico de riesgos de corrupción, como primer paso para su implementación. 

 

En ese sentido, es importante mencionar que actualmente existen un total de 18 establecimientos penitenciarios y 9 centros educativos, de entre los cuales se seleccionaron dos centros penitenciarios específicos, de manera tal a que se realice un primer mapeo que sirva de modelo para ser replicado en las demás penitenciarias.

 

En ese contexto, fueron seleccionadas la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, por ser considerada un foco de interés estratégico, al constituirse en el principal centro penitenciario del país y al albergar a buena parte de la población penitenciaria, así también, el Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor, el que, por sus características propias, reúne requisitos de similitud con otros penales del interior del país, para facilitar la futura replicabilidad de la metodología a dichos sitios. 

 

A fin de dar fuerza al cronograma de trabajo conjunto entre ambas instituciones, se encuentra previsto para el día viernes 28 de agosto, a las 10:00 horas, la firma de un convenio de cooperación entre la Secretaria Nacional Anticorrupción y el Ministerio de Justicia relacionado a los trabajos enunciados. En la oportunidad, que contará con la presencia del Ministro Secretario Ejecutivo Abg. Rene Fernández y la Ministra Abg. Cecilia Pérez, se suscribirá el acuerdo para continuar con las labores coordinadas.

 

Por último, es importante destacar que de conformidad al cronograma establecido, para las siguientes etapas, se prevé contar con la colaboración representantes técnicos de sociedad civil, con el objeto fortalecer los trabajos de diagnósticos y las propuestas de acciones paliativas a los riesgos identificados.

 

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